O to’ toro o to’ vaca

El crecimiento económico y la urbanización van de la mano. Los centros de producción y comercio van atrayendo más trabajadores y esa misma dinámica ensancha el mercado urbano.

Para el 2050 se espera que el 70 % de los 10,000 millones de habitantes mundiales vivirán en ciudades. Esto implica que apenas un 30 % vivirán en áreas sub-urbanas o rurales. El crecimiento será impresionante, pues los habitantes urbanos crecerían de 4,400 millones de a 7,000 millones en 25 años, casi una duplicación.

Ante tasas de natalidad decrecientes, esto supone ciudades con altas concentraciones de envejecientes. Y la mayor parte de esta explosión poblacional urbana acontecerá en países en vías de desarrollo como China, India e Indonesia. República Dominicana no está exenta de esta tendencia.

Este panorama impone la necesidad de las llamadas ciudades verticales con edificios altos. Este tipo de vivienda presenta una serie de retos que deben enfrentarse con una planificación urbana previsoria.

Entre otras cosas, la provisión de servicios básicos – agua, luz, sanidad, basura, fumigación, tránsito, parqueos, acceso, servicios médicos y de emergencia - se complejiza en las ciudades verticales con la excepción de actividades que se benefician de la aglomeración, vacunaciones y fumigación, por ejemplo.

Específicamente, la apropiación de espacios o servicios básicos por algunos directamente reducen su disponibilidad para otros. Cuando se ignoran las restricciones sobre la cantidad de pisos de un edificio no solo se viola un aspecto espacial, se siembra de manera permanente una sobrecarga a los servicios básicos de ese entorno dejando los compradores a su suerte e incidiendo negativamente en los vecinos circundantes, presentes y futuros.

¿Cuáles implicaciones económicas tienen estas infracciones?

La mayoría de los atropellos de este tipo se resuelven con alguna multa. Tales multas no compensan el verdadero costo futuro que implica la sobrepoblación. De hecho, las multas son lo suficientemente bajas para que exista un incentivo a violar las leyes y disposiciones del Ayuntamiento, pues la ganancia por la venta de algunas unidades adicionales las sobrepasa por mucho.

Lo correcto sería exigir la demolición de los excesos cometidos, no solo porque tal castigo desincentivaría futuras infracciones, sino porque se lograría el cometido de cumplir las disposiciones de densidad poblacional adecuado a la capacidad de servicios básicos previstos.

Esto sin tomar en cuenta los costos incrementales que acarrean tales construcciones excesivas. Pues a mayor altura, es mucho mayor la energía requerida para bombear agua a los últimos pisos, por ejemplo. Mientras, los pozos se están secando y hay que perforar a mayores profundidades en lo que se contamina incrementalmente la capa freática.

En nuestro ejercicio anti-cívico hemos llegado al colmo del pensamiento infraconceptual. Se ha escuchado a las ‘torres’ proponer que los terrenos o viviendas unifamiliares restantes sean sujetos de regulaciones más estrictas que las aplicables a ellas (muchas de las cuales violaron las disposiciones de su momento) para evitar la saturación de los servicios, y en algunos casos, para su comodidad.

O to’ toro o to’ vaca. Las disposiciones tienen que ser uniformes y no estar sujetas a rejuegos temporales donde los excesos de unos sean asumidos por quienes construyan después.

Así, las disposiciones de los ayuntamientos deben contemplar proyecciones sobre la densidad poblacional esperada, categorizada por edades y otras condicionantes; y tales disposiciones, aplicadas con igualdad para todos, necesitan ser fieramente respetadas por las costosas e injustas implicaciones que acarean sobre la calidad de vida del colectivo.