El barullo de la indignidad

No discutiré la imputación de «palabra vasalla» de la cancillería nicaragüense a la declaración de su par dominicana sobre la cancelación permanente de las elecciones anunciada por Daniel Ortega. Y no porque la eluda, sino por su carencia de moral política.

Cierto, nuestra cancillería no puede vanagloriarse de independencia, por muchas razones geopolíticas que expliquen sus sombras y medias tintas. Pero la retórica decimonónica de la respuesta nicaragüense solo sirve al propósito de dar un barniz épico a lo que es, literal y socialmente, la consagración de una dictadura que dura ya casi veinte años.

El camino antintervencionista recorrido por Gregorio Urbano Gilbert junto a Augusto César Sandino, no es, en absoluto, el que recorre el régimen patrimonial y cleptocrático de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su totalitarismo tiene historia.  Comenzó a gestarse desde mucho antes de su regreso al poder en el 2007 con apenas el 38 % de los votos. Los primeros años revolucionarios configuraron el actual derrotero.

Recordemos que, en el 2006, el FSLN cooptado por Ortega negoció una reforma electoral con los liberales somocistas a cambio de libertar al expresidente Arnoldo Alemán, condenado a veinte años por corrupción. Se fijaron en un 40 % los votos necesarios para ganar o, en su defecto, el 35 % si al primer candidato lo separaran cinco puntos porcentuales del segundo. Dato revelador donde los haya: su compañero vicepresidencial fue Jaime Morales Carazo, banquero somocista, organizador de los «contra» y acérrimo proestadounidense.

En el 2014, con mayoría congresual, Ortega impulsó una reforma constitucional para permitir la reelección indefinida, y en las elecciones sucesivas hasta el 2021 anuló la participación opositora con una descarnada represión. En la boleta de este último año apareció como «copresidenta» la esotérica Rosario Murillo, su mujer, artífice, entre otras cosas, de la acumulación del oscuro capital familiar. 

También entonces, más de doscientos opositores, encarcelados o en arresto domiciliario, fueron expulsados del país, declarados apátridas y acusados de obedecer directrices «imperialistas» y de lavar activos. No venían del somocismo, aliado de los Ortega-Murillo, sino de aquellas entrañas rojinegras que incubaron la esperanza de una democracia socialista que resarciera a los pueblos del continente del fracaso de proyectos políticos más radicales. Como Saturno, el sandinismo devoró a sus propios hijos.

Pero cuidado: la democracia electoral no es la panacea de las iniquidades sociales. La persistencia progresiva de las desigualdades, el recorte de derechos, la demonización de las minorías y opositores y otros males similares, no se resuelven en las urnas. El expansivo ejemplo de los Estados Unidos trumpista desalienta el optimismo de cualquier ortodoxia. Empero, las elecciones sí son, incluso cuando producen resultados adversos a la democracia, el derecho de los ciudadanos a determinar quién los gobierna.

El 6 de octubre de 1927, y en respuesta al pacto firmado por el general José María Moncada Tapia que puso bajo la tutela militar estadounidense las elecciones del año siguiente, Augusto César Sandino afirmó: «El pueblo es soberano y debe respetársele su derecho de elegir sus gobernantes; y por esto luchará sin descanso [su ejército guerrillero, n.r.] hasta hacer efectivo ese derecho, hoy pisoteado por los conquistadores».

Desde el lago de Managua, su sepultura, se escucha el sonido del silencio del General de Hombres Libres.