Subsidios malos y caros

El impacto en transporte, seguridad y obras de mantener subsidios universales

Los subsidios generalizados, además de representar una enorme carga para las finanzas públicas, producen una distorsión distributiva, ya que los hogares con mayores ingresos son los principales receptores de esas ayudas. En el caso de los que se otorgan a los combustibles y al sector eléctrico, las estimaciones indican que el veinte por ciento más rico recibe entre el sesenta y el ochenta por ciento de esos beneficios.

Y no es difícil llegar a esa conclusión hasta de forma empírica: un todoterreno de alto cilindraje utiliza más gasolina que una motocicleta o un vehículo utilitario; el consumo de GLP de un hotel de lujo en el centro de la ciudad es muy superior al de todas las cocinas y fondas de un sector periférico; y un centro comercial o una gran superficie consume más energía eléctrica que uno o dos barrios carenciados.

Pero, al parecer, resulta imposible discutir la posibilidad de desmontar esos subsidios y focalizarlos para que solo lleguen a las capas sociales más vulnerables, sin que de inmediato se amenace con una ruptura de la paz y la convivencia social.

Por tanto, más allá de cifras o porcentajes, para evidenciar lo obsceno que resulta ese gasto, vamos a realizar un ejercicio sobre lo que representaría esa plata invertida en obras de infraestructura o servicios públicos.

Solo para este año, las transferencias para amortiguar los aumentos en los precios de los derivados del petróleo proyectan rondar los ochocientos millones de dólares; y para el sector eléctrico, desagregando la parte que cubre las pérdidas técnicas y comerciales y solo tomando en cuenta el diferencial de la tarifa, habría que adicionar una cantidad similar; en total, cerca de mil seiscientos millones de dólares.

Para darle contexto al número, la Autovía del Ámbar costará unos cuatrocientos ochenta millones de dólares, montos similares a los que invirtieron en la solución vial de las intersecciones de las avenidas 27 de Febrero con Gregorio Luperón e Isabela Aguiar, y se están invirtiendo en la República de Colombia y la avenida de los Próceres; entre las tres obras, más o menos lo mismo que devorarán este año los subsidios generalizados a los combustibles y la tarifa eléctrica. Y lo que se engullen en un mes da para construir el llamado puente basculante sobre el río Ozama, proyectado en unos ciento treinta y cinco millones de dólares.

Con las partidas presupuestarias que se destinan cada año a cubrir parte del costo de los combustibles y la electricidad de todos los dominicanos, tanto a quienes los necesitan como a quienes pueden pagar, se podrían construir o ampliar cientos de kilómetros de avenidas, carreteras y circunvalaciones, invertir en soluciones para mitigar los problemas de la seguridad vial y el caos en el tránsito, masificar el transporte urbano, mejorar los planes de seguridad ciudadana y hasta construir otra termoeléctrica como Punta Catalina.

Y esos montos, poco más o poco menos, se han despilfarrado año tras año y gobierno tras gobierno desde hace al menos veinticinco años, sin que a nadie parezca dolerle. Mientras, politiqueros y opinadores tienen la cachaza de abordar el problema de la calidad del gasto público atacando supuestos dispendios en nóminas, pensiones o publicidad.