Renovación suprema
El reto del Consejo Nacional de la Magistratura ante la renovación judicial
La convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura marca el inicio de un proceso que trasciende los nombres de quienes hoy integran la Suprema Corte de Justicia. Lo que está en juego es la fortaleza institucional de un sistema que debe demostrar que la renovación y la evaluación periódica forman parte de la normalidad democrática.
La Constitución no concibió estos cargos como posiciones perpetuas. Estableció un mecanismo de revisión precisamente para garantizar que la permanencia en la más alta jurisdicción del país dependa del desempeño, la integridad y el compromiso con la justicia, no de la simple inercia del tiempo.
Los magistrados cuyo período concluye llegan a esta evaluación con trayectorias profesionales respetables y aportes que merecen reconocimiento.
Confirmar a quienes hayan cumplido cabalmente con su misión o decidir una sustitución cuando resulte conveniente para el fortalecimiento del Poder Judicial son dos decisiones igualmente legítimas. Lo inadmisible sería convertir el proceso en un ejercicio de complacencia, de cuotas o de cálculos políticos.
La justicia necesita jueces competentes, independientes y conscientes de que ninguna investidura pertenece a quien la ocupa, sino a la República. Los cargos tienen límites porque las instituciones deben estar siempre por encima de las personas. Ahora corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura honrar ese principio con una decisión que fortalezca la confianza ciudadana.