La conmemoración que nadie quiso realizar

El viernes pasado, 11 de septiembre, se conmemoró el vigésimo quinto aniversario de los ataques a las Torres Gemelas del World Trade Center de la ciudad de Nueva York. Altos funcionarios tanto del gobierno federal como local, miembros de las fuerzas de seguridad, familiares de las víctimas, primeros intervinientes y una variedad de personas de la comunidad se congregaron en el lugar de los acontecimientos, donde se ha hecho un impresionante monumento en honor a las víctimas, para recordar y honrar a las casi tres mil personas que murieron el 11 de septiembre de 2001.

Ese mismo día debió realizarse otro acto conmemorativo en un lugar diferente y con otros actores, pero el que nadie convocó ni quiso realizar. Ese mismo día de 2001 los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas se encontraban reunidos en Lima, Perú, para adoptar la Carta Democrática Interamericana en una sesión especial de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Hace, pues, veinticinco años que el sistema interamericano formalizó, en ese instrumento jurídico, el compromiso con la democracia y su defensa colectiva cuando esta estuviera amenazada o colapsara en cualquier país de la región.

En realidad, la noción de defensa colectiva de la democracia se plasmó por primera vez en el hemisferio occidental en la Resolución 1080, adoptada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 1991 en la ciudad de Santiago de Chile. Dicha resolución, denominada Democracia Representativa, dispuso activar un mecanismo urgente de consulta y acción colectiva “en caso de que se produzcan hechos que ocasionen la interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquier de los Estados miembros de la Organización…”. De esta manera se insertó en el derecho interamericano lo que en otros contextos se conoce como la “cláusula democrática”, esto es, el requisito de que un Estado sea democrático para que pueda pertenecer a ciertos acuerdos, mecanismos u organizaciones interestatales.

En aquel momento, comenzando la década de los noventa, nuestra región vivía una verdadera euforia democrática. No era para menos. La transición democrática en Chile completó el proceso de transiciones del autoritarismo a la democracia que tuvo lugar en América Latina en los años ochenta. A su vez, en el plano internacional acababa de producirse el colapso de la Unión Soviética y se hablaba de un nuevo orden internacional que se basara en la cooperación, el derecho y el funcionamiento de las instituciones multilaterales. 

Había un gran optimismo en nuestra región en cuanto a las posibilidades de consolidar la democracia. Se promovía también la integración económica, el respeto a los derechos humanos, el fomento de la confianza en materia de seguridad y la primacía del multilateralismo en la interacción entre los Estados. Se arraigó la idea de que era posible vivir en democracia en un contexto en que la OEA dejó de ser una organización exclusiva de Estados Unidos y los países latinoamericanos, ya que a ella se fueron incorporando paulatinamente los países del CARICOM y Canadá, los cuales trajeron nuevas sensibilidades y nuevos temas a la agenda interamericana.

Durante diez años, la Resolución 1080 de defensa colectiva de la democracia se puso a prueba en diferentes crisis: Haití, Guatemala, Perú, Ecuador, entre otros países. Aunque los resultados fueron mixtos, se legitimó la idea de que era necesario actuar colectivamente cuando se dieran situaciones que amenazaran el orden político democrático. 

La Carta Democrática Interamericana representó una maduración y un perfeccionamiento de la idea que se plasmó la Resolución 1080. Es un instrumento más amplio, más desarrollado y mejor articulado en cuanto a sus fines, las materias que abarca y los mecanismos que permite activar para la defensa de la democracia. Puede decirse que es un gran instrumento jurídico, tal vez único en el mundo. Plasma una visión que incluye lo político, lo económico, lo social y lo cultural, además de mecanismos concretos para activar la acción colectiva cuando la democracia se encuentre amenazada.

Paradójicamente, la adopción de la Carta Democrática Interamericana marcó no tanto un proceso de consolidación democrática, sino más bien el punto de partida del deterioro de la democracia en muchos países de la región. Desde Venezuela, país que se sentía orgulloso de haber dado nacimiento a la “doctrina Betancourt” de ruptura con las dictaduras, el gobierno de Hugo Chávez articuló su discurso político en torno a una crítica a la democracia representativa y una defensa grandilocuente a la supuesta democracia directa. Otros países, como Nicaragua, tomaron también un rumbo antidemocrático. Antes Perú había vivido su momento autoritario con el gobierno de Alberto Fujimori, pero el proceso político peruano logró reencauzarse por las vías institucionales gracias precisamente a la acción regional concertada a favor del restablecimiento del orden democrático. En Haití también hubo una ruptura casi inmediata del incipiente proceso de democratización a principios de los años noventa, siendo el país donde primero se aplicó el mecanismo de defensa colectiva de la democracia, pero sin resultados satisfactorios, al punto que, eventualmente, el Consejo de Seguridad de la ONU tuvo que hacerse cargo de la crisis haitiana por esta representar una amenaza a la seguridad regional.

Con el paso del tiempo el compromiso colectivo con la democracia se fue esfumando. Nadie hoy día enarbola esa bandera. En nuestra región tenemos una amalgama de regímenes autoritarios, desde la dictadura grotesca de Ortega-Murillo en Nicaragua, pasando por el gobierno antiliberal de Bukele, hasta el gobierno ilegítimo de Venezuela, el cual se sustentó durante años en un discurso antimperialista para ahora convertirse en un gobierno entreguista bajo la tutela de Estados Unidos. Otros gobiernos se han montado en la ola autoritaria como parece ser el caso del nuevo presidente colombiano Alberto de la Espriella, mientras otros son indiferentes al deterioro de la democracia escudados en la vieja retórica de la soberanía y la no interferencia en los asuntos internos. A su vez, Estados Unidos dejó de tener como prioridad la defensa de la democracia para propiciar otros tipos de arreglos, acuerdos y acciones, como muestra su política hacia Venezuela. 

Este ambiente explica que a nadie le importara que hace veinticinco años se adoptara en el sistema jurídico interamericano un instrumento del calibre de la Carta Democrática Interamericana. Cada quién está ocupado en sus propios afanes, con un predominio de las concepciones antidemocráticas, de izquierda y de derecha, y un debilitamiento cada vez más evidente de los espacios de acción colectiva. Esta realidad sombría no fue la que se vislumbró cuando a principios de la década de los noventa la mayor parte del liderazgo político regional estuvo impregnado del entusiasmo, la disposición y el compromiso de colaborar en la promoción y la defensa de la democracia. b