Al garete (1 de 2)
Torres de cristal y calles colapsadas, la paradoja del desarrollo en Santo Domingo y Santiago
Parece mentira.
Un país con tanta energía vital como la República Dominicana, colmado de ansias de progreso, ya por muchos años uno de los líderes en crecimiento económico de América Latina, referencia democrática en el continente a pesar de haber sufrido tiranías largas y brutales, en ciertos asuntos da la impresión de ir al garete.
El problema viene de lejos y ha pasado de un gobierno a otro.
Los ornamentos del poder, desde las escoltas hasta las preferencias en la circulación, se exponen con exuberancia. Se asumen con beneplácito y fruición. Cuesta más ver quién se hace cargo de los problemas cotidianos, responde cuando las decisiones se posponen o son contrarias al interés ciudadano.
El crecimiento económico, que debiera darnos medios para resolverlos, a veces acaba agravándolos. Es una manera de morir de éxito, de perderse en lo claro. Son contrasentidos. Se advierten en cómo edificamos, en cómo circulamos y en cómo asumimos el ruido que terminamos por aceptar cual si fuese consecuencia normal de la vida urbana.
Empecemos por lo que construimos.
Quien visita el perímetro central de la ciudad de Santo Domingo queda impresionado por sus esbeltas y empinadas torres. Imitan la opulencia de Manhattan, dan aspecto de urbe moderna, vibrante. No es solo Santo Domingo. La segunda ciudad, Santiago, tan maravillosa como es, está siendo inoculada con el mismo virus. Y las pequeñas se aprestan a imitarlas.
Es simple fachada. Detrás se esconde una triste realidad: torres construidas al borde de las aceras, calles estrechas con respecto a la mole de los edificios, parqueos insuficientes, arboledas precarias, áreas deportivas y de recreación limitadas, servicios declinantes. Y el riesgo mayor del acaecimiento de fenómenos naturales, sin que exista la certeza de estar debidamente preparados para afrontar sus consecuencias.
Y como si lo anterior no fuera suficiente, una maraña de alambres y de cables recorre la urbe, afea su entorno. Y, ¿eso para qué? Para hacer más rentables les negocios de distribución de electricidad, cables y transmisión de datos, a costa de contaminar visualmente la vida ciudadana.
El cemento, el asfalto, la maraña de cables, y la ausencia de normas apropiadas, concurrentes con su aplicación defectuosa, poco a poco engullen y arruinan la esperanza de habitar una ciudad amigable, refractaria al calor, propicia al caminante, acogedora, de calidad de vida.
La planificación de la ciudad, de cómo crecer, hacia dónde encaminarla, debe concebirse proyectándola como un oasis para sus habitantes, no como esperpento insufrible para quienes la habitan.
La Ley 368-22 dispone que los planes municipales definan el uso del suelo y la ocupación permitida. Los ayuntamientos tienen ahí un instrumento para ordenar el crecimiento y coordinarlo con las entidades responsables de los servicios. Hace falta utilizarlo en concordancia con el bienestar de la población a la que debe servir.
De ahí la necesidad de replantear las normas, orientarlas a conformar un perímetro urbano acogedor. Implica regular a la baja la altura de los edificios, cuidar que guarden relación directa con la anchura de la calle y con la disponibilidad futura de servicios. Procurar que haya una separación razonable entre acera amplia y área de construcción. Obligar a disponer de parqueos suficientes. Asegurar la existencia de arboledas, parques, áreas deportivas y de recreación. Reforzar las exigencias antisísmicas.
En adición, frenar la contaminación visual. Las grandes ciudades del mundo, a las que intentamos imitar, muestran su cara amable y limpia, sin estar afectadas por la red de araña de alambres y cables. ¿Por qué permitir que se establezcan en nuestras ciudades y barrios?
Junto a la revisión de la normativa es necesario aplicar con severidad las sanciones por incumplimiento o negligencia. Esa es una de las grandes debilidades de nuestras instituciones: fortaleza relativa en la normativa, debilidad en su aplicación.
El destino de la ciudad no debe quedar en manos de promotores y empresas empeñados en hacer prosperar sus negocios mediante la construcción de babeles ásperas a la existencia. Ellos hacen una contribución notable al crecimiento económico, pero como es natural atienden a la conveniencia de su interés individual, legítimo. Los límites deben fijarse en función del bienestar ciudadano.
Santo Domingo y Santiago todavía pueden orientar su crecimiento. Empezaría con la revisión de la normativa. Por vincular los permisos de mayor impacto con la capacidad de los servicios y con un plan de movilidad que abarque los municipios entre los que viaja la gente. Si se autoriza la torre hoy y se piensa mañana en cómo llegar a ella, la calle terminará resolviendo a duras penas lo que debió preverse en el plano.