La joya de la corona

El 29 de julio de 2020, fecha de la inauguración de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), se anticipó que esa empresa se convertiría en la principal fuente de electricidad de la República Dominicana y, al mismo tiempo, en un sólido pilar para la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

En particular, se indicó que, entre mayo y julio de ese año, la CTPC había suplido un promedio mensual de 504.6 GwH (cerca del 30% de toda la demanda de electricidad) a un precio muy competitivo, y que operaba con una capacidad suficiente para generar beneficios (antes de intereses, depreciación e impuestos) por una suma de 250 millones de dólares anuales. A ello había que agregar el ahorro de más de 200 millones de dólares cada año de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), pues Punta Catalina les supliría energía a un precio inferior al del mercado spot. En conjunto, implicaba un beneficio anual directo para el Estado entre 0.4% y 0.5% del producto interno bruto (PIB). En pocas palabras, la CTPC era una mina de oro. 

La semana pasada se publicó una nota de prensa que confirma las metas previstas. En dicha nota se comunica que Punta Catalina “cerró el ejercicio fiscal de 2025 -al 3 de diciembre- con transferencias al Estado dominicano por  258.4 millones de dólares, consolidándose como uno de los activos públicos con mayor capacidad de generación de caja.” Con esas cifras, se destaca que la planta es “un instrumento de estabilización fiscal.” La declaración cobra mayor relevancia si se considera que al reporte contable hay que incluirle el ahorro de más de 300 millones de dólares anuales que actualmente obtienen las EDE al comprar la electricidad a un precio por debajo del precio spot, lo cual significa que el aporte de la CTPC a las finanzas públicas supera los 550 millones de dólares al año. 

El monto pagado al consorcio constructor de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, incluyendo la indexación de los hitos, ascendió a 2,454 millones de dólares. Un importe que, en términos de costo por megavatio, resulta muy competitivo respecto a otros proyectos construidos en el extranjero. Tal como se estableció en el contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (EPC, por sus siglas en inglés) firmado el 14 de abril de 2014, el precio del activo comprende el costo de construcción, adquisición e instalación de la infraestructura y  equipos de las dos unidades de generación eléctrica por 752 MW, así como la subestación eléctrica, el almacén cerrado y el sistema de transporte del carbón, el puente de 1.6 kilómetros que da acceso al muelle y otras obras complementarias. 

Dada la suma de 550 millones de dólares de beneficios anuales que recibe el Estado por la participación de la CTPC en el mercado eléctrico, puede afirmarse que se ha recuperado el costo de la construcción de la planta durante los cinco primeros años de operación. Se trata de un hecho sin precedentes en el país. Nunca una infraestructura de tal magnitud ha generado un flujo de efectivo suficiente para amortizar la inversión en tan breve plazo.

Los detractores de Punta Catalina sostienen que el costo de la planta llegó a 3,277 millones de dólares, ya que añaden los gastos operativos registrados entre 2013 y 2020. En esos desembolsos adicionales incluyen carbón, cal, gasoil, energía eléctrica, retribuciones del personal, seguros, supervisión de obras, asesorías (legales, financieras y técnicas) y auditorías medioambientales. Incluso agregan 266 millones de dólares por concepto de intereses, lo cual contrasta con la definición de costos de otros proyectos de inversión pública (metro, teleférico, presas, autopistas, carreteras, elevados, hospitales y viviendas), a los cuales no se les incorporaron costos financieros. 

La contradicción de los críticos se agrava cuando, en su análisis, computan los gastos operativos sin tener en cuenta los ingresos generados por dichas partidas. Entre el 27 de febrero de 2019, fecha de la primera sincronización de la planta, y el 31 de diciembre de 2020, la CTPC obtuvo ingresos de la venta de electricidad a las EDE por un total de 496 millones de dólares. Además, durante ese  período, la diferencia entre el precio del mercado spot y el de venta de la CTPC a las EDE representó un ahorro de 300.2 millones de dólares para las arcas públicas. Al efectuar las correcciones de lugar, se comprueba que el costo neto de la planta para el Estado fue inferior al precio del contrato de 2,454 millones de dólares.  

Desde una perspectiva técnica, Punta Catalina es una extraordinaria obra de ingeniería, que ocupa el primer lugar en la lista de mérito de despacho de generación térmica. Las pruebas de desempeño realizadas por la empresa estadounidense McHale demostraron que cada unidad de 376 MW brutos tiene casi 10MW más de potencia neta; es decir, en lugar de 337 MW de potencia neta, alcanza 347 MW netos. Asimismo, se ha demostrado que es más eficiente de lo establecido contractualmente, pues consume menos energía por cada kilovatio hora generado, lo cual implica un ahorro anual de 50 mil toneladas de carbón. 

Hay que reconocer que los ataques contra este proyecto motivaron a los responsables de la construcción de la CTPC a perseverar en la finalización de la obra en medio de la pandemia del covid-19. El equipo responsable no se rindió y demostró al país que, con la ayuda de Dios, trabajo duro, determinación y fuerza, todo puede alcanzarse. 

Con el paso del tiempo, la mayoría de dominicanos es consciente de la importancia de Punta Catalina para su bienestar. Basta con recordar a los críticos que, sin la generación eléctrica  de esa planta, la nación sufriría un severo desabastecimiento energético y un incremento del déficit en las finanzas públicas. Con el fin de evitar ese escenario, resulta fundamental garantizar una operación eficiente de la CTPC e implementar de manera óptima un programa de mantenimiento que asegure una prolongada vida útil. 

En conclusión, Punta Catalina puede considerarse, sin lugar a dudas, la joya del sector eléctrico nacional y la obra de infraestructura más eficiente y rentable de la historia de la República Dominicana.