Patentes y estudios, pero poca implementación: la gran deuda del Fondocyt

Las alertas sobre la posible existencia de tierras raras en la República Dominicana — elementos clave para la fabricación de tecnología avanzada, vehículos y armamento— se dispararon a partir de una investigación desarrollada en la Sierra de Bahoruco.

El proyecto, liderado desde 2014 por la experta Australia Ramírez y financiado con unos 20 millones de pesos a través del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt), buscaba determinar el potencial de esos minerales y sentar las bases para políticas de exploración y explotación de metales estratégicos.

Los resultados escalaron al más alto nivel del Estado. La Presidencia de la República asumió el tema y se determinó que la nación cuenta con reservas estimadas en alrededor de 100 millones de toneladas brutas, un hallazgo que el mandatario Luis Abinader calificó como “trascendental para el desarrollo nacional”.

Este caso evidencia el alcance de un fondo que, aunque es clave para impulsar la investigación científica en el país, sigue chocando con un mismo cuello de botella: se investiga, pero no siempre se aplica, por falta de inversión (sin alcanzar el 1 % del PIB), débil divulgación, poca participación del sector privado y escaso acompañamiento para convertir resultados en políticas públicas o productos que lleguen al mercado.

El Fondocyt es un programa del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) creado para financiar proyectos de investigación científica, innovación y desarrollo en universidades, centros de investigación e instituciones especializadas de educación superior.Las empresas privadas pueden participar, en consorcio con estas entidades. 

En enero del 2025, el Mescyt aprobó 70 proyectos de un total de 324 propuestas. Cada convocatoria prioriza investigaciones que respondan a agendas nacionales e internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Según el viceministro de Ciencia y Tecnología, Genaro Rodríguez, el Fondocyt funciona como el eje del Sistema Nacional de Investigación. En la actualidad, hay 2,036 académicos inscritos en la Carrera Nacional de Investigadores, lo que equivale a unos 185 científicos por cada millón de habitantes.

Además, el fondo facilita la integración de los investigadores en programas regionales e internacionales expandiendo la visibilidad y colaboración científica.

Hasta hace pocas décadas, dedicarse a la investigación en República Dominicana era casi una utopía. Así lo recuerda el biólogo Sixto Incháustegui, reconocido en el 2022 como Científico de la Nación.

Para Incháustegui, la creación del Fondocyt marcó un antes y un después. Su diseño buscó adaptarse a estándares internacionales, pero también a la realidad criolla, permitiendo que las universidades definieran líneas de investigación y dieran continuidad a los proyectos.

Aun así, advierte que el sistema necesita una gobernanza más sólida para garantizar estabilidad y evitar retrocesos. “Las universidades deben asumir un rol más activo”, señala.

El Fondocyt apoya tanto investigaciones aplicadas —orientadas a resolver problemas concretos— como básicas, que sirven de base para desarrollos futuros. Durante la actual gestión, amplió su alcance a las ciencias sociales, las humanidades y las artes, para financiar proyectos sobre educación, cultura y sociedad. 

En la convocatoria 2025–2026, los montos varían según el área: hasta 12 millones de pesos para ciencias básicas y aplicadas; 10 millones de pesos para iniciativas de ciencia ciudadana e impacto territorial; y 4 millones de pesos para ciencias sociales, humanidades y artes.

• Entre 2020 y 2024, el Fondocyt aprobó 304 proyectos por un total de 2,110 millones de pesos. Las mayores inversiones se concentraron en 71 investigaciones de ciencias básicas (499,796,186 pesos), 67 de ingenierías (475,083,556 pesos), 53 de agroalimentación (389,164,359 pesos), 39 de salud (287,323,214 pesos) y 46 de medioambiente (344,002,815 pesos) y 28 ciencias sociales, humanísticas y arte por 115,128,509 pesos.

A pesar de estos avances, el viceministro Rodríguez reconoce que la inversión todavía es mínima: no alcanza ni el 1 % del producto interno bruto (PIB). En la región, Brasil lidera el financiamiento en ciencia y tecnología. Tan solo en el 2025 el Gobierno brasileño destinó 35,000 millones en investigación científica e innovación en salud.

“Tenemos un sistema joven, con pocos recursos, pero aún así los investigadores dominicanos producen artículos en revistas de alto impacto”, afirma Rodríguez.

¿Por qué no se aplican más en la sociedad? 

Desde el 2020, el programa contribuyó al registro de 25 patentes, más de 400 publicaciones científicas y la incorporación de 720 nuevos investigadores a la carrera nacional. También apoyó decenas de tesis de licenciatura, maestría y doctorado.

Entre los proyectos financiados destacan estudios sobre sargazo, biocombustibles a partir de lilas del río Ozama, nanociencias, seguridad alimentaria, salud humana y animal, y biología molecular.

Según el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, algunos de estos resultados ya sirven de base para políticas públicas y otros se preparan para llegar al mercado este año.

Por otro lado, el funcionario destaca el interés en promover la desconcentración de la investigación. “Este enfoque implica habilitar y estimular una mayor participación de instituciones de educación superior ubicadas en regiones menos representadas”.

Uno de los principales desafíos del sistema es la escasa participación del sector privado. Aunque se generan patentes e innovaciones, la mayoría de investigadores carece de apoyo para comercializar sus resultados. “Hace falta capital de riesgo y un empresariado que apueste por la ciencia”, señala el viceministro Rodríguez.

También considera que la generación de patentes es quizás el eslabón perdido del sistema. “Tenemos esa dificultad porque no disponemos de tantos recursos”, advierte. “El investigador es un pobre señor que hizo la investigación y no sabe nada de comercializar”. 

A esto se suma la baja divulgación de los resultados científicos y la débil integración de la investigación en la docencia universitaria, lo que limita la formación de nuevos investigadores. “Probablemente el profesor que imparte la materia de metodología de investigación no ha hecho una investigación nunca”, dice el funcionario.

En América Latina, Brasil encabeza las investigaciones agrícolas y en biocombustibles en la región, mientras que Chile sobresale en la investigación de astronomía por sus observatorios en el desierto de Atacama. Argentina se destaca en biotecnología y desarrollo de vacunas, mientras que Colombia aporta en el campo de la biodiversidad y el cambio climático. A nivel mundial, la región representa el 4 a 5 % de la ciencia, muy por debajo del continente asiático (42 %) y europeo (32 %).

Otras naciones como Estados Unidos, China, Reino Unido y Suiza lideran en cuanto a la implementación de sus investigaciones, con descubrimientos médicos y tecnológicos hasta en ciencias ambientales.

Proyectos fallidos

No todos los proyectos financiados llegan a término. Algunos fracasan por problemas metodológicos, conflictos internos, falta de equipos, investigadores que se van del país o situaciones excepcionales, como el covid-19.

“Durante la pandemia, varios proyectos no culminaron. En especial, los que estaban centrados en covid y que para su desarrollo contaban con una población de personas que padecieran la enfermedad o que estuvieran internas” explica

En esos casos, los fondos deben ser devueltos. El ministerio también rechaza propuestas por debilidad metodológica, plagio, inviabilidad técnica o presupuestos desproporcionados.

La UASD y su supremacía

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) es la institución con mayor número de proyectos aceptados. Entre el 2005 y 2024 recibió casi el 25 % de los fondos del programa con 218 proyectos y un financiamiento de 1,000 millones de pesos. Tan solo la Facultad de Ciencias posee 118 investigaciones.

“El financiamiento todavía es muy poco. La investigación requiere infraestructura, además del talento humano que necesita formación doctoral, maestrías y especializaciones”, indica. Radhamés Silverio, vicerrector de Investigación y Postgrado de la UASD.

En el 2020, la UASD entregó al país la primera patente en el área de ciencias puras por la invención de una molécula extraída de una planta silvestre endémica de la provincia de Pedernales, con potencial para combatir el cáncer.

Años después, obtuvo otras dos patentes de invención también en el área de la salud y ahora gestiona otras tres.

“Se menciona que las universidades deben de tener patentes, pero eso no es todo en el sistema. Hay otros medios, como los artículos científicos que son producción de conocimiento. Ahora, si el fondo contara con 1,000 millones de pesos tuviéramos un laboratorio de gente dedicada a generar patentes”, refiere el vicerrector. 

“Cuando sucedió lo del covid -agrega- había mucho conocimiento de biología molecular generado desde hacía años. Eso fue lo que permitió que el tiempo de hacer la vacuna fuera tan corto”. 

Consolidación

Ana Bélgica Guichardo, directora de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), recibió fondos para la aplicación de la narrativa transmedia en estudiantes de comunicación. Describe el proceso de acompañamiento como riguroso, con la obligación de presentar informes de avance de manera trimestral.

Para Guichardo, la investigación académica no es una actividad rentable desde el punto de vista económico, pero resulta esencial para la formación docente. “Si uno lo piensa, no se mete en la investigación porque es mucho trabajo. Esto no me paga tanto dinero y me requiere dos años de trabajo, pero es importante participar porque el docente que no investiga se anquilosa”, afirma.

Lilian Castillo, vicerrectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, trabaja en un proyecto que se enfoca en las prácticas de profesores de alfabetización inicial en Pedernales y Enriquillo. Considera que los procesos de investigación deben partir de necesidades sentidas por el sector educativo. 

“Las investigaciones tienen que salir de las escuelas, de los docentes, de los coordinadores pedagógicos. Muchas veces esas investigaciones se quedan en las bibliotecas de las universidades o en las casas de los autores”, lamenta.

La profesora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Leandra Tapia, se dedica a la matemática pura, un campo que constituye la base conceptual de múltiples desarrollos científicos y tecnológicos, aunque no se percibe como prioritario en esquemas de financiamiento orientados al impacto inmediato.

Su proyecto, costeado por el Fondocyt, se centra en el desarrollo de Matemática Interactiva Digital, mediante la creación de recursos interactivos y multimedia dirigidos a docentes y estudiantes del nivel preuniversitario.

Aunque reconoce que el fondo cuenta con evaluadores especializados por áreas, Tapia considera conveniente avanzar hacia criterios de evaluación diferenciados que reconozcan la diversidad disciplinaria y los distintos productos de investigación.

Onelia Carballo, directora de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad Abierta para Adultos (Uapa), describe cuatro proyectos de investigación activos financiados por Fondocyt: aplicación tecnológica en salud, evaluación de estrategias para trastornos del aprendizaje, terapia grupal para mujeres con depresión vulnerable, y diagnóstico temprano de deterioro cognitivo en ancianos.

También menciona dos proyectos cerrados sobre manejo de desechos sólidos y uso de GPS. 

Por igual, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) obtuvo financiamiento para cuatro proyectos en la convocatoria Fondocyt 2023.

Claudia Acra, vicerrectora de Investigación de la institución, plantea la importancia de una mayor diversificación temática y regional, para lograr un equilibrio entre las distintas áreas de ciencia y tecnología, así como la simplificación de los procesos administrativos y el fortalecimiento de la transparencia en la evaluación, de modo que los investigadores puedan concentrarse más en la ejecución científica y menos en la burocracia.

El equipo de investigación de la neurosicóloga Norma Duarte se conforma por seis personas, incluyendo coinvestigadores de las facultades de Educación y Salud de la UASD. El proyecto que desarrollan se centra en alumnos que presentaron bajo índice académico en el año 2024.

Insiste en la necesidad de que los resultados trasciendan el ámbito académico. “No tiene sentido que investiguemos y que la universidad no haga nada con eso”, sostiene.