De la basura a la cosecha: cómo lanzar una nueva industria de abonos

No es un secreto que el costo de vida en la República Dominicana ha subido en el último año. Los gastos en comida, restaurantes y supermercados representan el punto de dolor más importante para la economía familiar.

Pero hay una causa detrás de esos aumentos que pocas personas asocian con su día a día: el precio de los fertilizantes. Y hay una solución que prácticamente nadie está mirando: la basura.

La mayoría de los alimentos que consumimos (arroz, vegetales, frutas, carnes) dependen de fertilizantes para producirse. Cuando el precio de los fertilizantes sube, el costo de producir alimentos sube también, y ese aumento llega, tarde o temprano, al supermercado y a la mesa. Según el Banco Central, la canasta básica familiar promedio superó los RD$49,000 en mayo, con una inflación interanual de 5.35%.

El desafío es que la República Dominicana importa casi todos los fertilizantes que usa, lo que nos deja completamente expuestos a lo que pase en el mundo. A escala global, los choques de precio son la norma, no la excepción: guerras, tormentas, crisis de suministro, presión sobre los minerales que componen los fertilizantes. La guerra más reciente en Irán, por ejemplo, disparó el precio de la urea hasta en un 40% en un solo día. El Banco Mundial proyecta que el índice global de precios de fertilizantes podría subir hasta un 30% más antes de que termine el año. Cada vez que hay una crisis en cualquier parte del mundo, la República Dominicana paga el precio.

En lo que va de 2026, el gobierno ha comprometido más de RD$1,000 millones en subsidios para evitar que ese aumento llegue directamente a los precios de los alimentos. Pero el subsidio directo es solo una de tres formas en que el Estado favorece la importación de fertilizantes. También están exentos de aranceles y de ITBIS. En conjunto, el país subsidia con dinero público, elimina impuestos de entrada, y exime del impuesto al consumo, todo para facilitar la compra de un insumo extranjero, sin haber invertido seriamente en desarrollar una alternativa local.

Esa alternativa existe. La estamos enterrando todos los días.

Los residuos orgánicos (cáscaras, restos de comida, desechos de jardín, residuos agrícolas y de carnicería) representan más de la mitad de todo lo que va a parar a nuestros vertederos. Son la misma materia prima que se usa para producir compost y fertilizantes orgánicos. 

En lugar de transformarlos en un recurso, los enterramos, y enterrarlos nos cuesta varias veces más. Pagamos el impuesto verde de DO Sostenible para gestionar vertederos y rellenos sanitarios. Pagamos para recolectar y transportar esos residuos a sitios con cada vez menos espacio. Pagamos, otra vez, el costo ecológico: el metano que libera la materia orgánica al descomponerse sin oxígeno, los lixiviados que contaminan aguas subterráneas, y los incendios de vertederos que siguen ocurriendo en pueblos y ciudades del país.

La paradoja es completa. Importamos, a precio de crisis internacional, el mismo fertilizante que pudiéramos producir localmente, en lugar de botarlo.

Otros países de la región ya tomaron la decisión de cambiar esa dinámica, Chile siendo el ejemplo más claro. Hace pocos años, su situación era casi idéntica a la nuestra: los residuos orgánicos eran más de la mitad de la basura doméstica, pero se recuperaba menos del 1%. El programa "Nos Compostamos Bien", en Santiago, cambió eso. Entregó 7,000 kits de compostaje a familias en las 52 comunas de la ciudad, evitó que 4,400 toneladas de residuos orgánicos al año terminaran en vertederos, y las transformó en cientos de toneladas de compost para mejorar suelos agrícolas. Este año se expandió a 600 organizaciones comunitarias y 200 centros educativos. No es un piloto. Es una política pública funcionando en una ciudad comparable a Santo Domingo, en un país que empezó exactamente dónde estamos nosotros. 

La pieza que le falta a la República Dominicana es relativamente simple, y debería generar poca resistencia. El primer paso es prohibir, de manera progresiva, el envío de residuos orgánicos a los vertederos, comenzando por los grandes generadores: hoteles, supermercados, restaurantes, y fabricantes de alimentos y bebidas. Son quienes producen el mayor volumen, los más fáciles de regular, y los que ya tienen la capacidad operativa para separar sus residuos. A los que cumplan, se les podría exonerar del impuesto verde como incentivo.

Ese cambio potencia no solo una nueva industria nacional de abonos, sino también el valor de los materiales reciclables. Hoy, el plástico, el aluminio, el cartón y el vidrio se cotizan más bajo en el mercado internacional cuando llegan contaminados con residuos orgánicos. Separados en origen, salen limpios y se venden a mejor precio. Separar los orgánicos mejora todo lo demás, una de esas raras decisiones donde casi todos ganan.

El segundo paso es crear estándares nacionales de calidad para el compost y los abonos orgánicos que se produzcan en el país. Sin una certificación que garantice lo que hay dentro de una bolsa de abono, el agricultor no puede confiar en el producto, y el producto no puede competir con el fertilizante importado en una ferretería o una cooperativa agrícola. Esa certificación es la diferencia entre una buena intención ambiental y una industria real, con productores, empleos, y un mercado que crece.

Llevo más de dos décadas trabajando en el tema de la basura en la República Dominicana, y eso me ha enseñado una cosa: los problemas ambientales más grandes que he enfrentado en este país también han sido las oportunidades económicas más grandes. Solo nos falta empezar a verlos de esa manera.