República Dominicana no ratifica Tratado de Alta Mar, pese a estar en vigor
El instrumento internacional entró en vigencia este enero
En el país sigue pendiente de la aprobación legislativa
El Tratado de Alta Mar, formalmente conocido como Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Zonas Fuera de Jurisdicción Nacional (BBNJ), entró en vigor el 17 de enero de este 2026, tras haber superado el umbral mínimo de ratificaciones requerido por Naciones Unidas.
Esta nueva arquitectura jurídica internacional establece un marco para proteger la biodiversidad de los océanos que quedan fuera de la jurisdicción de los Estados, regulando desde la creación de áreas marinas protegidas hasta evaluaciones de impacto ambiental y el acceso equitativo a beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.
Aunque el acuerdo ya opera a nivel global, en la República Dominicana el proceso de ratificación interna todavía está pendiente, pues el proyecto enviado al Congreso Nacional en la pasada legislatura no fue discutido ni aprobado y deberá ser reintroducido en el actual período legislativo sin una fecha establecida para su discusión y votación.
La firma dominicana
La República Dominicana firmó el tratado el 20 de septiembre del 2023, un acto diplomático que refleja la voluntad del Estado de formar parte del acuerdo, pero que no equivale a ratificación ni genera obligaciones jurídicas internas o internacionales sin completar los pasos constitucionales previstos.
Así lo consigna un expediente del Tribunal Constitucional, donde se indica que el acuerdo fue suscrito por la República Dominicana el 20 de septiembre del 2023.
En términos jurídicos, la firma expone la intención del país de adherirse al tratado, pero solo adquiere fuerza legal internacional y obliga a nivel interno tras la aprobación congresual, la ratificación por el Poder Ejecutivo y el depósito del instrumento ante la ONU.
Como establece la Constitución dominicana, el Poder Ejecutivo remitió el tratado para control preventivo de constitucionalidad antes de llevarlo al Congreso.
El presidente de la República remitió formalmente el acuerdo al Tribunal Constitucional el 26 de agosto del 2024 para su evaluación jurídica, y el alto tribunal, en la sentencia TC/0406/25, aprobada el 28 de mayo de 2025, dictaminó que el tratado no contradice la Carta Magna y que el Estado dominicano puede continuar el proceso de ratificación.
En su razonamiento, el tribunal recordó que, conforme al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los Estados manifiestan su consentimiento definitivo mediante la ratificación, aprobación o adhesión, siempre dentro del marco de la legalidad interna.
La reintroducción
José Ramón Reyes López, viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, explicó a Diario Libre, que el proyecto de ratificación del Tratado de Alta Mar fue remitido al Congreso Nacional durante la legislatura anterior, pero no fue conocido ni votado antes de que concluyera ese período de sesiones, por lo que el trámite perimió.
Reyes explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad formalmente responsable de someter los tratados firmados por el país ante el Congreso para su aprobación y ratificación, actuando en nombre del Poder Ejecutivo, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente ha participado como entidad técnica en la preparación del tema.
Son 83 países los países que ya han ratificado el tratado. Entre los Estados que sí han completado el proceso figuran China, Brasil, Japón, Francia, España, Portugal y Chile, así como varios pequeños Estados insulares como Palau, Cuba y las Maldivas.
Mientras la República Dominicana no complete el proceso interno de aprobación y ratificación, no figurará como Estado Parte del tratado y no estará jurídicamente obligada por sus disposiciones, aunque mantiene una posición favorable al acuerdo en el plano diplomático y técnico.
Esto implica que el país no participa con plenos derechos en la futura Conferencia de las Partes (COP) del tratado, órgano que tendrá la responsabilidad de desarrollar normas operativas para designar áreas marinas protegidas en alta mar, establecer mecanismos financieros y poner en marcha sistemas internacionales de evaluación de impacto ambiental.
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