La COP31 busca pasar de las palabras a los hechos en un mundo dividido y con menos dinero

La cumbre climática de la ONU en Antalya (COP31) comienza el lunes con la ambición de pasar de las palabras a los hechos y facilitar el acceso al dinero para afrontar el calentamiento a quienes más lo necesitan, en un mundo plagado de disputas geopolíticas y comerciales, y sin la presencia del Gobierno de Estados Unidos.

La conferencia reunirá hasta el 20 de noviembre a representantes de casi 200 países bajo una fórmula inédita: Turquía ejercerá la presidencia formal y Australia dirigirá las negociaciones.

Ambos países quieren que Antalya convierta los compromisos ya existentes en medidas concretas, pero las diferencias sobre quién paga y cómo abandonar los combustibles fósiles amenazan con limitar los resultados, que además se alcanzan por consenso.

"La COP31 es la COP de llevar los compromisos a la práctica", dijo recientemente el ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, presidente de la conferencia.

Defendió un enfoque más práctico porque, "al igual que los efectos devastadores de la crisis climática se hacen sentir, los resultados también se deberían ver".

La cita llega cuando los estragos de la crisis climática se agravan y las últimas proyecciones de la ONU sitúan al planeta rumbo a un calentamiento de 2.8 grados a finales de este siglo con las políticas actuales, lejos del límite de 1.5 grados del Acuerdo de París de 2015.

Quién paga la transición

"La financiación será el principal escollo", afirma Cosima Cassel, experta en diplomacia climática y geopolítica del centro de estudios europeo E3G.

El dinero es clave porque muchos países en desarrollo condicionan la aplicación de sus planes climáticos para reducir emisiones a la llegada de financiación.

Cassel advierte de que las restricciones presupuestarias de los países desarrollados, incluidos los de la Unión Europea (UE), dejan poco margen para nuevas aportaciones.

En la COP29 de Bakú, en 2024, se acordó movilizar al menos 300,000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo de aquí a 2035, dentro de un objetivo más amplio de alcanzar 1.3 billones anuales de fuentes tanto públicas como privadas.

Pese a acordar ese objetivo, existen diferencias sobre quién debe aportar esos recursos, cuánto procederá de dinero público y qué parte llegará mediante préstamos e inversión privada.

La forma de canalizar el dinero resulta crucial para los Estados más vulnerables, que exigen más subvenciones y créditos baratos, porque endeudarse para la reconstrucción tras un desastre climático les resta recursos para prepararse para el siguiente.

"Hay medidas que pueden adoptarse para reducir el coste del capital para los países en desarrollo y mejorar su acceso a la financiación", sostiene Cassel.

Simplificar los trámites, ofrecer garantías y adaptar los instrumentos financieros a las necesidades de cada país son algunas de las ideas para avanzar.

Electrificación y resistencia de países petroleros

La principal apuesta de la presidencia turca, apoyada por Australia, es elevar al 35 % la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía para 2035, desde el actual 20 %.

La propuesta conecta la reducción de emisiones con la seguridad energética, ya que las renovables disminuyen la dependencia de suministros expuestos a guerras y bloqueos como el del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, requiere grandes inversiones en generación, redes y almacenamiento, además de apoyo para los Estados que no puedan asumir los costes.

La propuesta busca extender el uso de electricidad en sectores que todavía dependen de los combustibles fósiles, como el transporte, la industria y la calefacción, mediante tecnologías como los vehículos eléctricos y las bombas de calor.

Sin embargo, incluso esta iniciativa, presentada como un camino menos conflictivo para reducir emisiones, puede encontrar resistencia entre los países productores de petróleo y gas, que temen que acelere la pérdida de demanda de sus exportaciones.

Una de las incógnitas será si la presidencia consigue incorporar la electrificación a la declaración política final de Antalya o si termina relegada a los compromisos voluntarios.

La conferencia llega tres años después de que la COP28 de Dubái acordara impulsar una transición para abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, una formulación que no se ha traducido en una hoja de ruta vinculante por el bloqueo de productores petroleros como Arabia Saudí.

Los aranceles climáticos abren otro frente

Brasil, que presidió la COP30 de Belém, presentó esta semana dos propuestas para acelerar el abandono de los combustibles fósiles y frenar la deforestación antes de 2030, aunque ambas iniciativas son voluntarias.

China ha anunciado que llevará a la cumbre el debate sobre los aranceles que la UE, entre otros, impone a sus tecnologías limpias, como los vehículos eléctricos y los paneles solares, fundamentales para acelerar la transición energética.

Además, Pekín, junto a la India y varios países africanos, también cuestiona instrumentos como el mecanismo de la UE de "ajuste en frontera por carbono", que grava algunas importaciones, como el acero, según las emisiones asociadas a su producción.

Sus detractores consideran que estas medidas son proteccionistas, mientras que la UE justifica que se evita así trasladar la producción a países con normas ambientales menos exigentes.