Abinader duplicó el gasto en pensiones hasta el 5.53 % del presupuesto

El gobierno del presidente Luis Abinader ha incrementado en un 135 % el gasto público en pensiones y jubilaciones a cargo del Estado, lo que provocará que el 5.53 % del presupuesto nacional del próximo año esté comprometido para pagar esos salarios vitalicios. 

La actual gestión encontró en 43,349.5 millones de pesos la partida que se destinaba a jubilaciones y pensiones en el 2020 y en el transcurso de seis años la habrá llevado a 101,860.4 millones, para un aumento de 58,510.9 millones de pesos. 

Las pensiones se llevaron el 4.35 % del Presupuesto General del Estado del 2020, que ascendía a 997.1 mil millones de pesos, y para el 2026 pasarán a consumir el 5.53 % de un presupuesto que subió hasta los 1.8 billones de pesos. 

Lo anterior significa que de cada 100 pesos que gasta el Estado se irán en pensiones 5.53 pesos, un número que seguirá creciendo en lo que queda del gobierno de Abinader si se mantiene la tendencia.

El Poder Ejecutivo agrega cada año nuevas pensiones en una magnitud que supera a gobiernos anteriores. Por ejemplo, en 2020 se contemplaba un gasto adicional en este sentido de 822 millones de pesos, pero en 2026 el monto supera los 11,669 millones de pesos.

El presidente Danilo Medina comenzó en 2020 a entregar las pensiones solidarias que establecía la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, para lo cual se reservó una partida de 500 millones de pesos. 

La administración Abinader infló esta cifra hasta los 4,479.8 millones de pesos, para un aumento del 795.95 %. Los beneficiarios reciben 6 mil pesos cada mes, lo que se traduce en 62,219 pensiones creadas en un lapso de seis años. 

El riesgo

Los técnicos del Viceministerio de Política Fiscal, del Ministerio de Hacienda, advierten sobre el riesgo de que el Estado tenga que endeudarse más para cumplir esos compromisos en el futuro.

En el Informe de Riesgos Fiscales anexo a la propuesta de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso se considera “la posibilidad de que el gobierno tenga que enfrentar compromisos financieros futuros e imprevistos para asegurar que el sistema de pensiones de reparto sea sostenible a largo plazo”.

El gasto creciente también contradice uno de los propósitos del Sistema Dominicano de Seguridad Social, según el cual los trabajadores pasarían paulatinamente a un sistema de capitalización individual por medio de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

El Estado también está a cargo de financiar los fondos de pensiones particulares que se crearon para sí mismas instituciones autónomas como el Banco Central, el Banco de Reservas, la Cámara de Diputados, el Senado, la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entre otras. 

También queda a cargo del erario público pagar las pensiones de los maestros, con su Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima), los médicos, policías y militares. 

Estos regímenes “podrían tensionar el presupuesto si enfrentan brechas actuariales en el largo plazo”, acota el referido informe. 

Aumento o reducción

Aun así, las autoridades esperan que a largo plazo “los compromisos con los jubilados actuales disminuirán gradualmente, con una estimación de extinción de esta obligación alrededor del año 2065” (Informe de Riesgos Fiscales). 

El economista y experto en seguridad social, Arismendi Díaz Santana, no cree que esto vaya a suceder jamás. 

“En todas partes del mundo el compromiso del Estado en materia de pago de pensiones tiende a incrementarse, porque la población se va envejeciendo y entonces se produce el fenómeno de que la cantidad de pensionados y jubilados va aumentando más rápidamente que la cantidad de empleados cotizantes. Además, esos nuevos jubilados y pensionados tienen una esperanza de vida mucho mayor”, argumenta Díaz Santana. 

De todos modos, se proyecta que a partir del 2065 se eleve el gasto en pensiones a policías hasta lograr su punto más alto en el 2095, con más de 100 mil millones de pesos calculados a valores actuales. 

La complicada realidad del sistema de seguridad social estatal es bien conocida por las autoridades. 

“El gasto en prestaciones previsionales del reparto estatal ronda el 1% del PIB y muestra tendencia creciente. La masa de pensionados supera a los cotizantes activos. Sólo 29% de afiliados cotizaban al régimen DGJP, lo que presiona el flujo de caja”, describe el Viceministerio de Política Fiscal.