Abinader traspasa la recuperación del patrimonio público al Ministerio de Justicia
La disposición está contenida en el Decreto 395-26 firmado el 15 de junio por el presidente Luis Abinader
El Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) estará ahora bajo la responsabilidad del Ministerio Justicia, luego de que el presidente Luis Abinader dispusiera el traspaso de todas sus atribuciones y facultades a ese organismo mediante el Decreto 395-26.
Con la disposición del mandatario, publicada el pasado 15 junio, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo dejará de tutelar las acciones legales para la recuperación de bienes y fondos estatales distraídos, función que ahora asumirá la institución dirigida por Antoliano Peralta.
El decreto establece que el Ministerio de Justicia será, a partir de ahora, el órgano responsable de procesar, garantizar y ejecutar los pagos de honorarios, fondos de gastos de procedimiento y gastos operativos acordados con los abogados que integran el ERPP.
Esta transición surge como consecuencia de la promulgación de la Ley Orgánica 80-25 del Ministerio de Justicia, que designa a esta institución como la encargada de dirigir y coordinar la representación judicial y extrajudicial del Estado y de la Administración Pública.
El mandato presidencial ordena a la Consultoría Jurídica y al Ministerio Administrativo de la Presidencia remitir al Ministerio de Justicia toda la documentación y expedientes relacionados con el contrato de 2021.
Asimismo, instruye al nuevo ministerio a realizar las adendas y ajustes legales necesarios para formalizar su posición como el nuevo representante del Estado en estos procesos.
Antecedentes
La iniciativa para recuperar bienes del Estado fue declarada de interés nacional en enero de 2021 con el objetivo de reincorporar al patrimonio público los recursos obtenidos mediante actos de corrupción.
En octubre de ese mismo año, el Estado suscribió un contrato de servicios bajo la modalidad de Cuota Litis con un equipo de profesionales del derecho para representarlo en las acciones de representación de esos bienes.
El equipo está coordinado por Fernando P. Henríquez, junto a los coordinadores Manuel Conde Cabrera y Rafael Rivas Solano. También lo integran otros juristas, entre ellos José Alberto Ortiz Beltrán, Sandra Ysabel Taveras y Rafael Ortega Grullón.
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