Omega lleva a dos disqueras a la justicia y reclama US$5 millones por los derechos de sus canciones
Acusa a directivos de ambas compañías de presunta usurpación de sus derechos autorales y editoriales. La querella señala registros de más de 100 obras musicales en sociedades internacionales sin su autorización
Antonio Peter de la Rosa, conocido como Omega El Fuerte, presentó una querella penal contra directivos de Allegro Music y Planet Records por la presunta apropiación y explotación no autorizada de sus derechos autorales, editoriales y de interpretación.
La acción judicial, depositada ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por medio de su abogado Wagner Rodríguez Mancebo, incluye a José Altagracia Montaño Valdez, Roberto Ferrante y Anna Rinauro, así como a varias sociedades comerciales vinculadas a ambas compañías.
Según la documentación presentada, más de 100 obras del repertorio de Omega figuran registradas en sociedades internacionales de gestión colectiva como BMI, GEMA, SACEM, SGAE, SIAE y SOCAN, bajo entidades relacionadas con Allegro Music. La defensa sostiene que estos registros se realizaron sin una cesión válida de los derechos editoriales por parte del artista.
Uno de los puntos centrales de la querella es un contrato discográfico firmado en 2005 entre Omega y Allegro Productions, que contemplaba la entrega de cinco producciones musicales. La representación del intérprete afirma que ese acuerdo no transfería los derechos editoriales de sus composiciones ni autorizaba su administración por parte de la compañía.
La denuncia también cuestiona atribuciones de canciones de Omega a Roberto Ferrante (productor artístico y discográfico italiano, fundador y CEO del sello Planet Records) en plataformas como Spotify, YouTube Music y Amazon Music.
Como parte de su acción civil, el artista reclama una indemnización de cinco millones de dólares (US$5 millones), además de la devolución de los ingresos y beneficios económicos que, según sostiene, se habrían generado mediante la explotación de sus obras.
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Su abogado, Wagner Rodríguez, afirmó que un contrato discográfico no implica la transferencia automática de los derechos de composición y publishing, y pidió investigar quién registró las canciones, quién administró esos derechos y quién recibió los beneficios económicos.
- La querella se fundamenta, entre otras disposiciones, en la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Ahora corresponde al Ministerio Público examinar los señalamientos y determinar las actuaciones que procedan.
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