Abogada migratoria advierte aumento de detenciones y paralización de residencias en EE. UU.

La abogada dominicana especializada en temas migratorios y procesos consulares en Estados Unidos, Marie Javier, aseguró que las nuevas políticas migratorias implementadas por la actual administración estadounidense han provocado la paralización en miles de procesos de residencia y un incremento en las detenciones de inmigrantes, incluso de personas sin antecedentes penales.

Según explicó la jurista, muchos expedientes de residencia y visas se encuentran actualmente “engavetados” debido al endurecimiento de las medidas de control migratorio y la llamado "prohibición de viaje", una política de restricciones de viaje impulsada mediante órdenes ejecutivas.

“La realidad es que los oficiales de inmigración tienen instrucciones de no tocar ciertos casos relacionados con países bajo escrutinio. Esos expedientes simplemente no se están moviendo”, afirmó.

La especialista indicó que, aunque las restricciones afectan principalmente a naciones incluidas en listas de vigilancia migratoria, el impacto se extiende prácticamente a todos los solicitantes.

De acuerdo con Javier, entre los países latinoamericanos cuyos ciudadanos enfrentan mayores obstáculos se encuentran Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, Colombia y Brasil.

Explicó que las autoridades migratorias estadounidenses mantienen una revisión exhaustiva de los casos provenientes de países considerados políticamente inestables o sensibles para la seguridad nacional.

“Todos esos casos están en una pausa. Los oficiales tienen órdenes de no adjudicarlos, salvo contadas excepciones humanitarias o de interés nacional”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó a trabajadores del área de salud, quienes podrían beneficiarse de flexibilizaciones si Estados Unidos enfrenta escasez de personal médico.

Casos de parole también están detenidos

La abogada explicó que otra de las categorías afectadas corresponde a las personas que ingresaron mediante el programa CBP One, que permitía a migrantes que se encontraban en México solicitar una cita para presentarse de manera legal en un puerto de entrada de Estados Unidos y pedir autorización para ingresar al país.

• Detalló que muchos migrantes recibieron permisos temporales de permanencia, conocidos como parole, tras agendar citas con autoridades fronterizas. Sin embargo, esos procesos también permanecen paralizados mientras el gobierno revisa la legalidad de dichos permisos.

“Esos casos tampoco se están adjudicando porque la administración está cuestionando la legalidad de ese parole”, explicó.

Aun así, señaló que algunos abogados están recurriendo a demandas federales mediante recursos conocidos como mandamus, con el objetivo de obligar al Servicio de Inmigración a emitir una decisión sobre expedientes detenidos.

Javier afirmó que el endurecimiento migratorio no se limita a ciertos países, sino que ha generado retrasos generalizados en casi todos los procesos.

“He tenido entrevistas que antes se resolvían en 15 o 30 minutos y ahora duran meses sin decisión. Todo está siendo revisado con mucho más detalle”, manifestó.

La jurista explicó que incluso solicitudes que anteriormente se aprobaban de forma rutinaria ahora permanecen pendientes por largos periodos debido al mayor nivel de escrutinio aplicado por los oficiales migratorios.

Aumento de detenciones y riesgo de deportación

La abogada advirtió además que cualquier persona con estatus migratorio irregular enfrenta actualmente un alto riesgo de detención y deportación, independientemente de si tiene antecedentes penales o no.

“La política actual considera prioridad a toda persona que esté en violación de las leyes migratorias. Ya no se trata únicamente de personas con récord criminal”, indicó.

Según explicó, incluso inmigrantes con procesos activos de asilo, permisos de trabajo vigentes o casos pendientes ante servicios migratorios están siendo detenidos y colocados en procesos de remoción.

Javier señaló que estados conservadores como Florida y Texas presentan escenarios particularmente delicados debido al aumento de operativos y verificaciones migratorias.

“Estamos viendo casos de perfilamiento. Ven a una persona latina y le preguntan por sus documentos, incluso si solo va de pasajera en un vehículo”, denunció.

Asimismo, indicó que cualquier encuentro con autoridades policiales, incluyendo accidentes de tránsito o infracciones menores, puede derivar en la colocación de una “pausa” migratoria por parte de ICE.

La especialista también alertó sobre cambios en la manera en que las autoridades están manejando ciertos procesos de ajuste de estatus.

Explicó que históricamente una persona que ingresó legalmente a Estados Unidos con visa de turista, estudiante o trabajo podía ajustar su estatus migratorio si era solicitada por un familiar inmediato ciudadano estadounidense, aun cuando hubiese permanecido años de manera irregular.

Sin embargo, aseguró que actualmente algunas personas están siendo detenidas durante entrevistas migratorias pese a que la ley contempla excepciones para esposos, hijos menores y padres de ciudadanos estadounidenses.

“La ley sigue diciendo que esa presencia ilegal puede ser perdonada automáticamente en esos casos, pero las políticas actuales se están ejecutando de manera distinta”, expresó.

Salida voluntaria frente a deportación

En cuanto a los procesos de deportación, Javier recomendó evaluar cuidadosamente la opción de la salida voluntaria para quienes no tengan un caso sólido ante la Corte de Inmigración.

Explicó que este mecanismo permite abandonar el país sin cargar formalmente con una orden de deportación, lo que podría facilitar futuras solicitudes de visa o residencia.

No obstante, aclaró que la salida voluntaria debe ser aprobada tanto por el juez como por el abogado del gobierno y requiere demostrar intención real de abandonar el país.

Si la persona no sale dentro del plazo otorgado, generalmente 120 días o 4 meses, la medida se convierte automáticamente en una orden de deportación.

La jurista también criticó el aumento en las tarifas migratorias implementadas recientemente.

Indicó que apelaciones que anteriormente costaban 110 dólares ahora superan los 1,000 dólares, mientras que solicitudes de asilo que antes eran gratuitas ahora requieren pagos obligatorios.

“Hoy una apelación cuesta 1,030 dólares. Han puesto tarifas extremadamente altas en prácticamente todos los procesos”, sostuvo.

Sobre el sistema de asilo, Javier explicó que aunque la legislación estadounidense sigue vigente, las órdenes ejecutivas recientes han modificado significativamente la manera en que se aplican las políticas migratorias.

Entre ellas, mencionó acuerdos entre Estados Unidos y terceros países para transferir solicitantes de asilo fuera del territorio estadounidense.