Siete personas más son condenadas por tiroteo en centro de detención de inmigrantes en Texas

Un tribunal federal condenó este miércoles a siete personas por su participación en el tiroteo registrado el 4 de julio de 2025 frente al Centro de Detención de Prairieland, en Texas, un ataque en el que un agente de policía resultó herido y que ha derivado en severas condenas para varios manifestantes, informó la agencia AP.

Seis de los acusados se habían declarado culpables de brindar apoyo material a terroristas, mientras que una séptima acusada fue hallada culpable en juicio. Las penas impuestas oscilan entre casi dos años y 50 años de prisión.

Todos los sentenciados, salvo una de las acusadas, admitieron su responsabilidad en los hechos ocurridos en las afueras del centro de detención ubicado cerca de Dallas. Uno de ellos reconoció durante el proceso judicial que pintó con aerosol una caseta de vigilancia y varios vehículos estacionados en el recinto.

La acusada Inés Soto recibió una condena de 50 años de prisión tras ser declarada culpable de proporcionar apoyo material a terroristas, instigadores de disturbios y responsables de la fabricación de explosivos, según AP.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que el ataque fue ejecutado por integrantes del grupo militante de izquierda Antifa, una versión que ha sido rechazada por los abogados de los acusados.

Antes de dictar las sentencias, el juez federal Reed O'Connor calificó la protesta de "ataque a la democracia". La semana pasada, el mismo magistrado y otro juez impusieron largas condenas a ocho personas que fueron declaradas culpables en juicio por cargos relacionados con terrorismo.

Entre esas condenas figura la de Benjamin Song, un exreservista de la Infantería de Marina de Estados Unidos, quien fue sentenciado a 100 años de prisión tras ser declarado culpable de intento de asesinato durante el tiroteo.

Reacciones y apelaciones

Otros siete acusados recibieron penas de entre 30 y 70 años de cárcel. Algunos de ellos, incluido Song, ya han presentado recursos de apelación.

Según AP, el caso ha despertado preocupación entre organizaciones y defensores de derechos civiles, quienes consideran que el procesamiento podría tener repercusiones para futuras manifestaciones y para el ejercicio de la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Los abogados de los manifestantes sostienen que nunca existió un plan para emboscar a las autoridades y argumentan que quienes portaban armas lo hacían para protegerse. Además, afirman que la actividad había sido organizada como una protesta nocturna con fuegos artificiales para expresar apoyo a los inmigrantes recluidos en el centro de detención.

Durante el juicio, sin embargo, los fiscales aseguraron ante el jurado que el hecho de que varios participantes llevaran armas de fuego, botiquines de primeros auxilios y chalecos antibalas evidenciaba que actuaban con intenciones maliciosas.