Señalan a general guatemalteco de ayudar a planear genocidio de 1.442 ixiles

Guatemala, 27 nov (EFE).- La Fiscalía de Guatemala señaló este miércoles al general retirado Luis Enrique Mendoza García de haber contribuido como jefe de Operaciones (G3) del Estado Mayor General del Ejército a planificar el genocidio de 1.442 mayas ixiles, entre abril de 1982 y julio de 1983.

El Estado Mayor General del Ejército de esos 15 meses, que se enmarcan dentro de la administración de facto del fallecido exdictador José Efraín Ríos Montt, 'planificó, elaboró, delimitó e implementó los planes de campaña Victoria 82 y de operaciones Sofía'.

Estos planes buscaron la persecución, destrucción y aniquilamiento de la población maya ixil al ser considerados 'base social' de la guerrilla que operaba en la región, por lo que el Ejército ejecutó 'masacres, ejecución arbitraria, tortura, privación de la libertad, desaparición forzada, violación sexual, desplazamiento, bombardeo y violación de garantías judiciales, entre otros', al norte del país.

La Fiscalía aseguró que Mendoza 'fortaleció dentro de su capacidad operativa a la Fuerza de Tarea Gumarcaj, comandada entre otros por el coronel de infantería Byron Disrael Lima Estrada, que operó en la región ixil', el mismo coronel que fue condenado a 20 años por la ejecución extrajudicial del monseñor Juan Gerardi, en abril de 1998.

El Ministerio Público también le sindicó a Mendoza que las operaciones de la Fuerza Gumarcaj fueron de su conocimiento 'y no formuló objeción alguna para su aprobación, delimitación e implementación, por encontrarlas coherentes con el plan Victoria 82'.

Además, como jefe de la tercera sección del Estado Mayor, Mendoza supuestamente 'aportó información para rediseñar los comandos existentes en las zona subversivas y el entrenamiento que debían realizar los militares para tener éxito en sus planes', que eran prácticamente aniquilar a los ixiles y guerrilleros.

Según la investigación que leyó la Fiscalía este miércoles, Mendoza tenía 'conocimientos específicos' de la zona militar Mariscal, la cual tenía jurisdicción en el área de operación denominada militarmente como 'triángulo ixil', donde se encuentran los poblados de San Gaspar Chajul, San Juan Cotzal y Santa María Nebaj, en el departamento norteño de Quiché.

'Junto a otros oficiales superiores, (a Mendoza) se le promovió para integrar a nivel estratégico operativo el Estado Mayor General del Ejército, que se convirtió posteriormente se convirtió en el Estado Mayor de la Defensa y que estuvo liderado por el general de brigada Héctor Mario López Fuentes', un general fallecido en 2015 que también fue procesado por genocidio sin llegar a una condena.

La entidad también era integrada por el jefe de Sección de Personal (G1) coronel de ingenieros José Luis Ángeles Juárez; el jefe de Inteligencia (G2), teniente coronel de infantería José Mauricio Rodríguez Sánchez (absuelto en 2018 del caso de genocidio) y el general Mendoza como jefe de Operaciones (G3) y el jefe de la Sección de Logística (G4), el coronel de infantería Jorge Manuel Estrada Estevez.

Estas secciones 'constituyeron una sola entidad con un propósito común: el estudio del concepto inicial de la misión, planeamiento, elaboración, delimitación e implementación del plan de campaña Victoria 82, que se fortaleció con el traslado de recurso humano de distintos comandos militares', advirtió la Fiscalía.

Ese plan contemplaba como uno de los objetivos 'la destrucción y aniquilamiento total del enemigo interno', una categoría en la que el Ejército también incluía a indígenas ixiles civiles.

Durante la audiencia, los abogados querellantes y el Ministerio Público presentaron un 'incidente de incompetencia', debido a que no fueron notificados del cambio de juez en el Juzgado de Mayor Riesgo C, presidido originalmente por Silvia de León y que este día lo dirigía el juez Jimmy Rodolfo Bremer Ramírez.

Sin embargo, la acción fue descartada por el juez, quien además permitió al general Mendoza obtener el audio de la lectura de la causa que hizo el Ministerio Público, luego de que la defensa del militar lo solicitara porque se trataba de 'mucha información'.

A pesar de que nuevamente los querellantes y la Fiscalía plantearon una 'actividad procesal defectuosa' porque supuestamente el juez había 'viciado el debido proceso' al suspender la audiencia hasta este jueves para que el señalado tuviera la oportunidad de escuchar nuevamente las casi tres horas de 'intimación' leída por la parte acusadora.

Mendoza se limitó a decir que sí quería declarar pero que se abstendría a contar con una copia del expediente y la acusación, para 'aclarar muchos conceptos que me parecen son bien confusos en la exposición del Ministerio Público'. EFE