Defensa de familia de Stephora Joseph cuestiona actuación del Ministerio Público en audiencia

Los abogados de la familia de Stephora Joseph, fallecida durante una excursión escolar el pasado 2025 en Santiago, cuestionaron este jueves la postura asumida por el Ministerio Público durante el conocimiento de las medidas de coerción contra representantes del colegio y de la hacienda donde ocurrió el hecho.

El abogado Shesnel Calcaño criticó que el órgano acusador se opusiera a la solicitud presentada por la parte civil querellante y alegara que no encontraba responsabilidad en los representantes del centro educativo ni del establecimiento.

“Lo más vergonzoso y repugnante del día de hoy es que el Ministerio Público se presentó aquí impugnando nuestra solicitud, diciendo que hasta hoy no encontraba responsabilidad de las personas que representan al colegio”, expresó.

Recordó que la acusación es por presunta negligencia extrema y falta de medidas de seguridad durante una excursión escolar organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci hacia la Hacienda Los Caballos, en Gurabo, provincia Santiago. 

De su lado, el abogado Miguel Valdemar Díaz afirmó que el órgano acusador sostuvo durante la audiencia que las víctimas no tenían derecho a presentar solicitudes de medidas de coerción.

“El Ministerio Público vino hoy a la audiencia a decir que las víctimas no tienen derecho a presentar solicitudes de medida de coerción, que ellos son los únicos que deben hacerlo, diciendo que el colegio y sus representantes no tenían nada que ver con este hecho”, manifestó.

Díaz indicó que el tribunal acogió los planteamientos de la parte querellante, apoyándose en precedentes del Tribunal Constitucional, y declaró la inconstitucionalidad por vía difusa del artículo 232 del Código Procesal Penal, el cual establece que solo el Ministerio Público puede solicitar medidas de coerción.

Acciones judiciales y medidas de coerción en el caso

Ambos abogados denunciaron que algunos actores del Ministerio Público estarían “comprometidos” con el centro educativo para favorecerlo en el proceso judicial.

Durante la audiencia, el Segundo Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago acogió parcialmente la solicitud de medida de coerción presentada por los abogados de la familia de la estudiante fallecida.

La sala impuso una garantía económica de ocho millones de pesos a cada una de las cinco personas físicas y dos jurídicas vinculadas al caso de la muerte de la niña de nacionalidad haitiana.

Entre los imputados figuran el presidente de la asociación Leonardo Da Vinci, Eduardo Rafael Estévez Bretón; el director académico, Freddy Núñez; así como los propietarios y representantes de la Hacienda Los Caballos, Julio César Muñoz, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz.