¿Está RD aprovechando las asociaciones público-privadas?

 Las asociaciones público-privadas (APP) son contratos mediante los cuales el Estado y un inversionista privado comparten responsabilidades y riesgos para financiar y operar infraestructura. Cuando funcionan bien, el país gana infraestructura sin comprometer todo el presupuesto público; cuando se estructuran mal, la factura igual termina llegando al contribuyente.

República Dominicana concentra el 91 % de su inversión de APP en el sector energético -principalmente generación- la proporción más alta de los países seleccionados. Colombia, está más diversificada y destina el 63 % al transporte. Chile, aunque no aparece en el gráfico por no estar cubierto en la base de datos del Banco Mundial utilizada, ofrece otro ejemplo ilustrativo, con un portafolio que abarca desde infraestructura vial hasta agua y alcantarillado. Esa diversidad refleja décadas de construcción institucional y un marco que atrae capital privado a múltiples sectores.

Esa diversificación no se logra de la noche a la mañana. Una APP bien diseñada exige estudios serios de demanda, análisis de costos durante toda la vida útil del proyecto y una distribución clara de riesgos. Sin ese trabajo previo, los contratos se vuelven frágiles y los costos terminan recayendo sobre el contribuyente. Estas estructuras toman tiempo por naturaleza; comprometer recursos privados durante décadas exige rigor.

Nada de lo anterior ocurre en el vacío. El capital privado fluye hacia donde las reglas son claras, la seguridad jurídica es sólida y los costos de hacer negocios son razonables. Un clima competitivo y predecible no es un detalle secundario; es la condición fundamental para que más sectores y más proyectos puedan atraer inversión privada de calidad. 

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).