La Guardia Civil acude a la sede del PSOE para investigar presuntos pagos ilegales
Se trata del llamado "caso Leire" que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española acudieron este miércoles a la sede central del gobernante Partido Socialista (PSOE) en Madrid para requerir información relacionada con pagos a la exmilitante socialista Leire Díez, informaron a EFE fuentes próximas a la investigación.
Se trata del llamado "caso Leire" que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Además de esta actuación, los agentes de la UCO se encuentran también en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía (Gobierno regional) Gaspar Zarrías.
No se descartan otras actuaciones de la UCO en relación a esta operación, según indicaron las fuentes.
En este caso el juez investiga presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos a través de una trama en la que también estarían implicados el expresidente de la Sepi (organismo que reúne a las empresas con capital público) Vicente Fernández y el propietario de la empresa Servinabar Antxon Alonso, considerado socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Registros a otros supuestos vinculados al caso
De hecho, este mismo miércoles, agentes de la UCO están registrando los domicilios de Cerdán y también el del empresario Javier Pérez Dolset.
Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos en diciembre por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.
Según la investigación, conformaron un grupo autodenominado Hirurok ('nosotros tres', en vasco) que se habría dedicado a orientar "diversos expedientes seguidos en la Administración pública en beneficio propio o de terceros", para lo que se aprovechaban de su posición y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública para obtener "el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones".
La exmilitante socialista está siendo también investigada en un juzgado de Madrid por presuntas maniobras para perjudicar a fiscales o al responsable de la UCO, Antonio Balas con el objeto de entorpecer investigaciones judiciales.