Participación con respuesta: del resultado al proceso

En República Dominicana solemos discutir el resultado: se aprueba o no se aprueba. Pero la legitimidad, esa que sostiene decisiones difíciles en el tiempo, casi nunca nace del anuncio final. Nace antes: en el proceso. En cómo se decide.

De ahí el giro que propongo: pasar del debate por el resultado al debate por el proceso. La legitimidad se construye cuando la participación escucha, responde y deja un rastro verificable: preguntas, respuestas, ajustes y decisión motivada. Cuando ese rastro existe, el debate se ordena; cuando no existe, la ciudadanía llena los vacíos con sospechas.

No es un capricho procedimental. Entre derechos y realidad hay un puente: la confianza. Y la confianza no se decreta; se diseña.

En su Carta Pastoral del 21 de enero de 2026, la Conferencia del Episcopado Dominicano recuerda el Effetá, que quiere decir: Ábrete (Mc 7,34), y lo conecta con abrirse y escuchar; también subraya que la escucha auténtica requiere apertura al otro. Llevado a lo público, es simple: sin apertura real y respuesta verificable, no hay participación que genere confianza.

Participación no es ruido: es calidad de decisión

La participación funciona cuando se entiende como herramienta práctica de gobernanza. Tres efectos son inmediatos: mejora el diagnóstico, previene el conflicto y fortalece el control social del cumplimiento.

Mejora el diagnóstico porque el territorio conoce dinámicas que rara vez quedan bien capturadas en una línea base: rutas, polvo, ruido, puntos de agua, convivencia y riesgos cotidianos.

Previene el conflicto porque la entrada temprana deja margen para ajustes razonables; la entrada tardía suele endurecer posiciones.

Fortalece el control social porque un plan de manejo es más creíble cuando hay controles visibles y comparables en el tiempo. La regla es sencilla: si se promete, se mide; si se mide, se publica; si se incumple, se corrige y se sanciona.

De participación formal a participación con respuesta

No se trata de hacer procesos infinitos. Se trata de mínimos claros y auditables. Un estándar simple puede resumirse así: entrar a tiempo, registrar preocupaciones, responder una por una, mostrar ajustes cuando apliquen y decidir motivando.

Esa huella protege a todos: comunidad, autoridad y empresa. También evita un vicio común: socializar como trámite. Socializar sin respuesta es ruido; responder con evidencia es gobernanza.

Territorio: coordinación y rendición de cuentas

En el debate reciente sobre territorio, la enseñanza útil es que no basta con decir que se socializó: hay que definir cómo, con qué efecto y cómo esa socialización se traduce en decisión. La sentencia TC/1146/23 advierte riesgos de afectar la autonomía municipal cuando normas o actos terminan sustituyendo competencias locales, y señala que hablar de socialización sin procedimiento claro puede vaciar el control social.

El reto, entonces, no es quitar competencias. Es coordinar. Un protocolo mínimo ayuda: calendario público, expediente único con trazabilidad, y un mecanismo de respuesta que haga visible qué se incorpora, qué no y por qué.

Economía y legitimidad: el verdadero costo país

Presentar lo económico como excusa posterior suele fallar. La forma sólida de integrarlo es mostrar que un buen proceso reduce incertidumbre, baja judicialización y sobrecostos, y mejora la estabilidad para invertir, producir y generar empleo.

Un ejemplo, compilado por DASA a partir de estadísticas oficiales, ilustra esa conexión. En el período ene-sep, el sector minero representó 1.8% del PIB y 6.7% de las industrias. En los primeros tres trimestres de 2025 aportó US$556 millones en inversión extranjera directa, 14% del total. Sus exportaciones pasaron de US$1,795 millones en 2024 a US$2,700 millones en 2025, un aumento de 50.4%. Y las recaudaciones fiscales asociadas crecieron 109% en el corte ene-sep 2024 versus ene-sep 2025, de RD$11,978 millones a RD$25,063 millones.

El punto no es ganar debates con números. Es entender que inversión, empleo, recaudación y estabilidad dependen de decisiones legítimas, fiscalizables y estables. Un proceso con participación que responde y deja huella reduce conflicto, permite correcciones tempranas y fortalece el cumplimiento, que es lo que realmente protege el interés público.

Un Estado fuerte: autoridad y legitimidad

La autoridad sin legitimidad se desgasta. Y la legitimidad se construye cuando el proceso escucha, responde y deja huella verificable.

Porque, al final, el debate más importante no es aprobar o no aprobar. Es cómo se decide.

Martín Valerio Jiminián
Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la Rep. Dom. (CAMIPERD)