La verdad importa

Entre las modificaciones propuestas al nuevo Código Penal, una sobresale por encima de todas para la salud de la democracia: la recuperación, aunque bajo una formulación distinta, de la exceptio veritatis. Se trata de una garantía esencial para el periodismo y, en consecuencia, para el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Durante décadas, la legislación dominicana reconoció que quien divulga un hecho verdadero y de interés público no debe ser castigado penalmente por ello. La supresión de ese principio dejaba expuesta la investigación periodística a un riesgo evidente: que la amenaza de una condena por difamación terminara convirtiéndose en un instrumento para desalentar denuncias sobre corrupción, abuso de poder o mala administración.

Al excluir del ámbito penal las informaciones sustentadas en pruebas o precedidas de una verificación razonable, la modificación devuelve al ordenamiento un equilibrio que nunca debió perderse. No concede inmunidad al periodista irresponsable ni protege la mentira; protege la búsqueda diligente de la verdad y el debate sobre asuntos que conciernen a toda la sociedad.

Una democracia necesita funcionarios honestos, jueces independientes y también una prensa libre para investigar sin temor. La exceptio veritatis es una salvaguarda del interés público, porque allí donde la verdad puede probarse, el silencio jamás debería imponerse por la vía del derecho penal.