No más tardanzas

Las correcciones introducidas al nuevo Código Penal, muchas de ellas surgidas de observaciones del Poder Ejecutivo y de diversos sectores de la sociedad, mejoran el texto finalmente aprobado. No lo convierten en una obra perfecta, pero tampoco existe legislación que lo sea. Las leyes son organismos vivos, llamados a evolucionar con la realidad social y con las nuevas corrientes del derecho.

Por eso carece de sentido prolongar nuevamente la vacatio legis. Hacerlo significaría mantener por más tiempo un marco penal desfasado y seguir aplazando la entrada en vigor de disposiciones largamente reclamadas. También supondría reabrir un expediente que ha servido de escenario para intereses que, más de una vez, han encontrado en las dilaciones una herramienta conveniente para propósitos particulares.

Las normas siempre pueden perfeccionarse. El propio Congreso conserva intacta su facultad de modificarlas cuando la experiencia revele vacíos, excesos o nuevas necesidades. Así ha ocurrido con todos los grandes códigos y así seguirá ocurriendo.

Lo que no resulta razonable es convertir la búsqueda de una perfección inalcanzable en un argumento para impedir cualquier avance. El país necesita un Código Penal vigente, no uno eternamente pendiente. Hay tiempo para corregir lo que la práctica aconseje, pero ya no lo hay para exigencias necias, ultimátums ni bravuconadas disfrazadas del deseo de un código ideal que nunca llegará.