¿Y aquí, cuándo?

Mientras en España el Gobierno ya dio un paso concreto para frenar los abusos de la inteligencia artificial —declarando ilegítimo el uso de imágenes y voces manipuladas sin consentimiento y poniendo límites incluso a los true crimes—, en República Dominicana la discusión sigue atrapada en el carril del “se está estudiando”.

Los deepfakes (ultrafalsos) no son una amenaza futura: ya existen, ya circulan y ya pueden destruir reputaciones, extorsionar o fabricar delitos sin que la ley tenga herramientas claras para responder.