Empresas de cannabis en Texas demandan al estado por nuevas regulaciones

Empresas y organizaciones de la industria del cannabis en Texas presentaron una demanda contra el estado para bloquear nuevas regulaciones que prohíben productos de cáñamo fumable y aumentan los costos de licencias, en medio de un creciente debate sobre el control del THC y su impacto en la salud pública.

• Según informó la agencia AP, el Consejo Empresarial del Cáñamo de Texas, la Asociación de la Industria del Cannabis y los Agricultores de América, junto con dispensarios y fabricantes del estado, solicitaron el martes una orden de restricción temporal ante un tribunal del condado de Travis contra el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas y la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas.

Las empresas alegan que las agencias estatales han excedido sus funciones al modificar definiciones legales del cáñamo aprobadas por legisladores en 2019.

“Según la ley actual de Texas, el cáñamo se define por su concentración de delta-9 THC no superior al 0,3 %”, declaró David Sergi, abogado de la coalición del cáñamo. “Estos funcionarios y agencias estatales de Texas están intentando claramente crear una nueva ley que contradice directamente la intención de la legislatura texana”.

La agencia explicó que, aunque la ley estatal prohíbe la marihuana, los legisladores legalizaron el cáñamo en 2019, siempre que contenga menos de 0.3 % de Delta-9 THC, la sustancia psicoactiva principal. Para evitar restricciones, fabricantes comenzaron a cultivar plantas con THCA, un compuesto que puede generar efectos psicoactivos al ser fumado.

Impacto y medidas oficiales sobre el cáñamo fumable

Ante esta situación, legisladores estatales intentaron prohibir dichos productos el año pasado por preocupaciones de que llegaran a menores. Sin embargo, el gobernador Greg Abbott vetó la prohibición total y solicitó a las agencias estatales aumentar la regulación del sector.

Las nuevas normas, vigentes desde el 31 de marzo, incluyen empaques a prueba de niños, nuevos requisitos de etiquetado, pruebas y contabilidad, así como un incremento significativo en las tarifas de licencias y la fijación de la edad mínima de compra en 21 años.

Uno de los principales puntos de conflicto es que los análisis de laboratorio ahora medirán la cantidad total de THC en los productos, lo que ha provocado la prohibición de artículos populares como la flor de THCA y los cigarrillos preenrollados.

Las empresas que incumplan las nuevas reglas podrían enfrentar sanciones severas, incluida la revocación de licencias y multas de hasta 10,000 dólares por día.

“Una agencia administrativa no puede sustituir su propio criterio político por el resultado producido por el proceso legislativo constitucional”, señala la demanda. “La Constitución de Texas confiere el poder legislativo a la Legislatura, no a las agencias administrativas”.

Por su parte, autoridades estatales han defendido el endurecimiento de las regulaciones debido a preocupaciones sobre la seguridad de estos productos, especialmente entre menores.

Datos de Toxicología de Texas

La agencia AP citó datos de la Red de Centros de Toxicología de Texas que muestran un aumento significativo en las llamadas por intoxicación relacionada con cannabis desde 2019, pasando de 923 casos a un máximo de 2,592 en 2024, la cifra más alta en una década.

El año pasado, se registraron 2,669 llamadas, muchas relacionadas con niños menores de cinco años y adolescentes.

No obstante, expertos en políticas de drogas han advertido que el aumento de llamadas puede ser esperado tras la legalización de ciertas sustancias y que los datos deben analizarse con mayor contexto antes de sacar conclusiones definitivas.

Portavoces del gobierno estatal declinaron comentar sobre la demanda en curso. Lara Anton indicó que no ofrecería declaraciones debido al litigio pendiente.

El conflicto actual se suma a una disputa previa iniciada en 2021, cuando autoridades clasificaron como ilegal el compuesto delta-8 THC. Se espera que el Corte Suprema de Texas revise ese caso este año, lo que podría influir en el resultado del litigio más reciente sobre el cáñamo fumable.