Jueza de EE. UU. declara ilegal el plan para recortar 50 % del personal del fondo de desastres

Una jueza federal estadounidense declaró ilegal el plan de la Administración de Donald Trump para despedir al 50 % del personal de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), que sirve para responder a desastres, según documentos judiciales disponibles este domingo.

La jueza Susan Illston, del Distrito Norte de California, falló a favor de una demanda de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno contra una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para recortar de FEMA a 11,500 empleados, de un total de 23,000, a finales del año fiscal 2026.

El plan no se concretó por completo, por lo que la jueza ordenó a los demandantes y al Gobierno que se reúnan para decidir cómo remediar la querella de la agencia, que distribuye recursos para que las comunidades se recuperen tras catástrofes como huracanes, incendios e inundaciones.

• Illston consideró que el DHS, cuya secretaria era entonces Kristi Noem, "actuó de manera ilegal al usurpar la autoridad de la FEMA sobre su personal".

"FEMA y el DHS también actuaron de manera arbitraria y caprichosa", estableció el fallo otorgado la noche del viernes y conocido ahora. "Francamente, la cifra del plan de personal de la FEMA parece sacada del aire", añadió.

Las medidas del gobierno de Trump

Pese a que los recortes más agudos no ocurrieron, FEMA separó del cargo a 4,300 empleados en el año fiscal 2025, el primer año del mandato de Trump, lo que implica un incremento anual del 55 % en la cifra de trabajadores que dejaron la agencia, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.

Además, el Consejo de Revisión de FEMA, nombrado por Trump, propone recortar a un máximo del 50 % del costo de los desastres los reembolsos federales que reciben los gobiernos locales después de desastres.

Estos recortes se suman a reducciones de 200 millones de dólares en programas de pronóstico climático de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y 150 millones de dólares en fondos para mejorar sistemas de observación del clima, denunció el Center for American Progress (CAP) en junio.